Los policías logran un acuerdo para alquilar casas baratas ante la pasividad del Gobierno de Sánchez

Los policías se han visto obligados a solucionar por su cuenta el grave problema de vivienda que sufren cuando les destinan a lugares turísticos en los que el sueldo no alcanza para una vivienda digna. Ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación de Cooperativas de Vivienda (CONCOVI) han firmado un acuerdo para facilitar el acceso de los agentes y sus familias a contratos asequibles para el alquiler o la compra de vivienda.

En palabras del SUP, el acuerdo, primero de este tipo con CONCOVI, «Es una respuesta a la pasividad del Gobierno frente al problema con el que se encuentran centenares de policías y sus familias destinados en zonas donde el acceso a la vivienda supone un quebradero de cabeza y en algunos casos implica el abandono de esos destinos».

Se trata de un convenio de ámbito nacional que está destinado a cubrir las necesidades de acceso a una vivienda residencial libre o de protección (VPPB y VPPL) para todos los afiliados al sindicato. Según Mónica Gracia, secretaria general del SUP, «La firma de este convenio supone “mejorar las vidas de todos nuestros afiliados trabajando de forma conjunta con una asociación sin ánimo de lucro, seria, eficaz y con una trayectoria tan rigurosa como la de nuestro sindicato”.

Los policías tienen puesta la mirada en el extenso ámbito de gestión en el que trabaja CONCOVI y en elevado número de familias a las que puede beneficiar el acuerdo. Todas las federaciones de CONCOVI gestionan con regularidad cooperativas con miles de viviendas, lo que supone de forma directa un ahorro de hasta un 30% con el respaldo de esta confederación de cooperativas de vivienda. Una solución rápida, después de años esperando un gesto de Sánchez para solucionar la situación.

Se trata de intentar paliar el serio problema de vivienda que sufren los policías destinados en lugares turísticos, obligados a alojarse en campings o realquilar habitaciones. La falta de reacción del Ministerio del Interior y el Gobierno de Pedro Sánchez frente a un problema que crece cada año de forma exponencial, ha impulsado a los policías a buscar una solución por su cuenta.

El ejemplo de baleares, donde guardias civiles se han visto obligados a vivir en furgonetas, es uno de los más preocupantes. Allí los policías no encuentran una vivienda digna de alquiler por menos de 2.000 euros al mes, y se les pide el alquiler de un año por adelantado. El llamado «Plus de Insularidad» que ya cobran los agentes está obsoleto, tanto en las cantidades económicas como en el reparto según el lugar de destino, y hay muchos otros lugares con precios similares que no contemplan la posibilidad de ayuda por parte de la administración. El resultado es que en cuanto pueden los policías cambian de destino buscando un lugar mejor para ellos y sus familias.